El 80% de los habitantes de México están preocupados por los efectos de la violencia y un 67% opina que el siguiente presidente del país deberá continuar la guerra contra el narcotráfico, reveló la encuesta “Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia” (CIDENA 2011), cuyos resultados fueron dados a conocer en una conferencia realizada en el IPADE Business School, sede México, el 27 septiembre.
El estudio fue realizado por el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI), perteneciente al Instituto, en coordinación con el Colectivo de Análisis de Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE), y la encuestadora Sistemas de Inteligencia en Mercados de Opinión, S.C. (SIMO), para detectar cuál es la percepción social y las modificaciones en las prácticas de los ciudadanos, dado el marco de inseguridad que ha prevalecido durante los últimos años.
En la presentación, participaron el Dr. Felipe González y González, presidente ejecutivo del CEGI; el Dr. Raúl Benitez Manaut, presidente de CASEDE e investigador de la UNAM; la Mtra. Azucena Chaidez, directora asociada de SIMO Consulting, y el Mtro. Guillermo Zepeda, profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro de la Red de de Juicios Orales.
Los investigadores coincidieron en que, a pesar de que la opinión en torno a la política de combate al narcotráfico del presidente Felipe Calderón cuenta con un apoyo moderado, estas acciones no resolverán los conflictos que originan la violencia en el país.
“El problema de fondo está en la pobreza y la desigualdad, en la falta de comunicación. En este momento preelectoral es muy importante que el país reflexione sobre las cosas que hay que hacer independientemente de quién gane; por ejemplo, cómo mejorarnos la violencia social, cómo combatimos la desigualdad y cómo enfrentamos el tema de la inseguridad haciendo que las personas recuperen la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia”, afirmó Felipe González.
Aunque el respeto a los derechos humanos es un asunto que preocupa a los mexicanos, el 28% cree que será necesario perder algunas libertades y garantías individuales con el fin de combatir al narcotráfico, mientras que el 54% de la población aprueba las acciones que ha tomado el gobierno para contrarrestarlo.
Según CIDENA 2011, 46 % de los mexicanos opina que la violencia asociada con el crimen organizado que padece el país «puede atentar contra la democracia», frente a un 44 % de la gente que opina lo contrario.
Asimismo, 60% de la población considera que el gobierno debería esforzarse por disminuir las diferencias entre ricos y pobres. El 49% de la muestra manifiesta que reducir la pobreza y el desempleo son elementos claves para solucionar el problema del narcotráfico en México.
En cuanto a la reforma penal, solo 28% de los encuestados conoce la nueva disposición relacionada con la celebración de juicios orales, del cual, 33% piensa que favorecerá a una mejor impartición de justicia en México, revela CIDENA 2011.
En relación a la confianza relacionada con el sector empresarial, 38% expresó tener algo de confianza y 32%, poca. La confiabilidad de la que gozan los medios de comunicación es de 48% (algo de confianza) y 26% (poca confianza).
De la muestra total, 78% votó en las elecciones pasadas y 22% no, y solo 9% señaló que participa activamente en una organización de la sociedad civil.
La mayor parte de la población piensa que la economía se ha deteriorado: 42% considera que la situación económica de México es mala, el 25% que es muy mala, 23% regular, 9% indicó que buena y 1% muy buena.
En cuanto al tejido social, se percibe una descomposición, dado que 68% cree que es preciso “cuidarse la espalda” y solo 19% de los mexicanos confían en el prójimo; 54% perciben que las personas se ayudan menos entre sí, mientras que 31% afirma que es igual que antes y 14% cree que es más.
Para la investigación –en la que se entrevistaron a 7,416 personas del país, durante mayo y junio del presente año– se plantearon preguntas en torno a las siguientes temáticas: economía, ideología, confianza institucional, efectividad, conocimiento y comportamiento políticos, comportamiento electoral, democracia, derechos humanos y libertades civiles, seguridad y capital social, de modo que las respuestas proveen elementos para el análisis en torno a las percepciones y prácticas ciudadanas.
Alta Dirección y RSE 